Conflicto de taxis y remises en Río Gallegos: para el Municipio, el paro no hará que la gente viaje más porque “no lo puede pagar”
Ante la advertencia de los taxistas de realizar un paro, la secretaria de Gobierno de Río Gallegos, Sara Delgado, afirmó que el Municipio no cederá ante presiones. Sostuvo que “el municipio no obliga a nadie a tener una patente” y señaló que los choferes «no quieren aceptar que la gente, con tal de pagar más barato, se sube a un vehículo inseguro”.
El decreto que desreguló la Ley de Tránsito a nivel nacional reavivó un conflicto local entre los propietarios de taxis y remises y el Municipio, debido a los costos asociados a la habilitación de un vehículo para transporte de pasajeros, especialmente el incremento en la obtención del carné de conductor profesional.
En este contexto, un grupo de propietarios de taxis presentó una nota con cinco firmas exigiendo una respuesta favorable en un plazo de 24 horas. Frente a esto, y ante la posibilidad de un paro, Delgado repasó las conversaciones mantenidas con los trabajadores del sector y reiteró que “el municipio no obliga a nadie a tener una patente”.
Hace dos semanas, el director administrativo de Tránsito, Paulo Ortiz, y la secretaria de Gobierno se reunieron con representantes de taxis y remises para analizar el impacto del decreto presidencial en la obtención de la licencia profesional. En ese encuentro, Delgado adelantó que se convocaría a una reunión ampliada para discutir la problemática, subrayando la intención del intendente Pablo Grasso de tomar medidas que mitiguen la caída en la actividad.
“Uno de los principales problemas es que, mientras nosotros mantuvimos un diálogo de buena fe, ellos eligen el conflicto y la amenaza. Si quieren parar, pueden hacerlo, pero eso no va a hacer que la gente elija subirse a un taxi o a un remis, porque en el fondo, lo que pasa es eso: la gente no lo puede pagar”, sostuvo la funcionaria.
La nota presentada por los taxistas incluye tres reclamos: suspensión de la inspección anual, eliminación de la plataforma Uber y modificación de la ordenanza municipal.
Sobre estos puntos, Delgado señaló: “No nos vamos a dejar extorsionar. Desde la pandemia hasta ahora, el intendente accedió a suspender la inspección de los vehículos. Firmamos un documento en el que se comprometieron a realizarla y todavía hay choferes que no lo hicieron. Es nuestra obligación como Estado controlar los vehículos y garantizar un estándar de seguridad para los usuarios. Quien no cumpla con la inspección quedará fuera de servicio”.
Respecto a Uber, Delgado afirmó que “existe una negativa a aceptar que este no es un fenómeno local y que una empresa con plataforma transnacional no necesita autorización municipal para operar. Si no, que expliquen cómo les fue con las promesas de provincia sobre este tema”.
Además, mencionó que en una asamblea reciente algunos conductores le recriminaron que el municipio no implementara “inhibidores” para la aplicación. “Hay un desconocimiento fuerte del tema. No hay un solo municipio que haya evitado el desembarco de estas empresas. Lo hablamos muchas veces con ellos, y aun así no quieren aceptar que la gente, con tal de pagar menos, se sube a un vehículo inseguro”.
Finalmente, sobre la modificación de la ordenanza que regula el servicio, Delgado reiteró que “no estamos dispuestos a desregular, lo que básicamente implicaría eliminar el control del municipio sobre las licencias. Aun así, habíamos acordado una serie de puntos que no se cumplieron. Este año planteamos la necesidad de establecer nuevas pautas, pero siempre eligen el conflicto, ignorando que hasta ahora siempre estuvimos acompañando”
