Fue presentado por el abogado Sergio Macagno, abogado de Santa Cruz y asesor letrado del bloque Por Santa Cruz en la Cámara de Diputados provincial. Tambien apunto a su designación como fiscal de Río Gallegos. «Aceptar ser propuesto y asumir designaciones públicos en cargos públicos sin reunir los requisitos constitucionales legales configura una conducta incompatible con los principios éticos y morales de la función pública», consideró.
Fernando Basanta, vocal de Tribunal Superior de Justicia de la provincia de Santa Cruz, recibió un nuevo cuestionamiento como magistrado, esta vez en la Cámara de Diputados. Este lunes, previo a la sesión extraordinaria donde la Legislatura tratará el proyecto para restituir al procurador Eduardo Sosa, ingresó un pedido de juicio político en su contra por su designación no solo como vocal del máximo órgano judicial sino también por la de titular en la Fiscalía N° 1 de Río Gallegos.
“Él no debió haber aceptado su designación”, dijo el abogado Sergio Macagno, quien oficia como asesor legal en el bloque del oficialismo de la Legislatura provincial, y realizó la presentación.
Para Macagno, Fernando Basanta incumplió y todavía aun sigue incumpliendo el requisito esencial para ser designado y mantenerse en el cargo contemplado en el artículo 137 de la Constitución de Santa Cruz, además sostuvo que cometió el delito estipulado en el artículo 253 del Código Penal.
Para el abogado, Basanta no debería haber aceptado ser propuesto ni designado como vocal del Tribunal Superior de Justicia, asumiendo el cargo sin reunir las condiciones mínimas exigidas por el inciso 3.° del artículo 127 de la Constitución Provincial, que requiere: “ser abogado con seis años de ejercicio en la profesión o de funciones judiciales”. También, se le reprochó los mismo al aceptar ser designado como agente fiscal y asumir el cargo sin reunir los requisitos mínimos del artículo 77 de la Ley N.° 1, que dispone: “Tener título de abogado con dos años de ejercicio en la profesión, o haber desempeñado función judicial para la cual se requiera tal calidad, por igual tiempo”.
Y tras esos cuestionamientos, de cometer los delitos de incumplimiento de los deberes de funcionario público, cuestionó ante la Legislatura en un documento ingresado este lunes.
Fernando Basanta tenía 42 años en septiembre de 2022, cuando fue nombrado vocal del Poder Judicial de Santa Cruz, en reemplazo de Enrique Peretti, que se jubiló en abril de ese mismo año. Su designación generó una fuerte controversia en el ámbito político y judicial.
El aspecto más crítico de su nombramiento radica en que Basanta no cumplía con los mínimos de seis años de ejercicio profesional o de funciones judiciales exigidos por el Artículo 127 de la Constitución Provincial. De hecho, se confirmó que Basanta no estaba matriculado ni ejerció la abogacía de manera liberal.
La principal acción legal interpuesta en su contra fue un Recurso de Amparo por Inconstitucionalidad promovido por la Asociación de Abogados de Río Gallegos. Este amparo, que representó el cuestionamiento institucional más fuerte hasta ahora, fue finalmente desestimado por el propio TSJ en septiembre de 2025, casi tres años después de su presentación. La desestimación se basó en la figura de la “improponibilidad formal”, que se utiliza cuando una presentación no cumple los requisitos formales fundamentales o está planteada ante un órgano no competente. De esta manera el Tribunal eludió un pronunciamiento sobre el fondo del planteo constitucional.
Para Sergio Macagno la vía correcta es el pedido de juicio político y no por el camino de la justicia ordinaria.
La designación de Basanta se convirtió en un caso emblemático de debate constitucional sobre los límites de la discrecionalidad política en el nombramiento de magistrados de alto rango.
El conflicto se centró en la interpretación del Art. 127 de la Constitución Provincial, que establece, como condición para ser Vocal del TSJ, haber ejercido la profesión de abogado o la función judicial por un mínimo de seis años. La oposición argumentó en 2022 que, a pesar de haberse recibido en 2013 en la UBA, Basanta no cumplía con esta condición, dado que la mayor parte de su carrera había sido en cargos políticos y administrativos, y no estaba matriculado para el ejercicio libre de la profesión.
La Legislatura de Santa Cruz, con una mayoría consolidada del Frente de Todos (16 votos a favor, 4 en contra y 3 abstenciones), aprobó el pliego de Basanta. Para defender el voto, el oficialismo, a través del diputado Martín Chávez, aplicó la interpretación del “sentido amplio de la Constitución Provincial”. Esta defensa se basó en el argumento de que la antigüedad no debe ser interpretada de manera restrictiva como el ejercicio exclusivo en la actividad privada, sino que puede incluir la actividad pública del candidato.
En la carrera profesional de Basanta se tuvo en cuenta su paso por los tres poderes del Estado, tanto en el ámbito nacional como provincial. Desde su trabajo ad honorem en una mesa de entradas, pasando por el Legislativo y Ejecutivo Nacional como empleado en diferentes cargos y como funcionario. Además, estuvo en la Dirección Nacional de relaciones con el Poder Legislativo entre 2011 y 2015. Formó parte también como asesor de la Comisión que elaboro el nuevo Código Civil y Comercial de la Nación. Por eso, Chávez, sostuvo que las expresiones formuladas por la oposición, acerca de que Basanta no cumple con los requisitos para ser juez del Alto Tribunal de la provincia de Santa Cruz “son falsas y sin sustento factico ni jurídico”.
Esta postura, aunque legalmente viable en ciertos precedentes jurisprudenciales, en el contexto específico de Basanta, desató fuertes críticas. La terna original incluía a profesionales con extensa y verificable trayectoria judicial (como César Neil y Marcela Ramos, con más de 30 años de trayectoria), lo que resalta que la selección de Basanta fue una decisión activa que priorizó el criterio político-partidario sobre el criterio técnico-profesional y de antigüedad objetivamente comprobable.
La trayectoria de Basanta hasta el momento se caracterizó por una rápida transición de la alta política ejecutiva a la magistratura judicial. Antes de su designación, se desempeñó como Ministro de Gobierno en la gestión de Alicia Kirchner (2015-2019) y es conocido por ser un militante de La Cámpora y amigo íntimo de Máximo Kirchner. Este antecedente político generó la calificación de su nombramiento como un acto de intervención partidaria directa en el máximo órgano judicial provincial.
Dentro del TSJ, Basanta fue sido designado como el nuevo representante del Tribunal ante el Consejo de la Magistratura provincial. En este rol tiene a su cargo la selección de otros jueces y funcionarios judiciales.
Fuente: LOA
