El proyecto de ley para penalizar las falsas denuncias por violencia de género sigue su camino en el Senado de la Nación. La iniciativa, presentada por los senadores Carolina Losada (UCR) y Juan Carlos Pagotto (La Libertad Avanza), propone una modificación al Código Penal, específicamente al artículo 245, que regula el delito de la falsa denuncia. La propuesta establece penas de prisión de uno a tres años para las falsas denuncias en general, pero plantea sanciones más severas para aquellas relacionadas con violencia de género, con penas de tres a seis años de prisión y sin posibilidad de excarcelación.
El proyecto fue debatido recientemente en la Comisión de Justicia y Asuntos Penales, donde recibió el apoyo de varias figuras, entre ellas, la senadora santacruceña Natalia Gadano (Por Santa Cruz). «Firmamos el dictamen del proyecto de ley de Carolina Losada, que modifica el Código Penal para ponerle fin a las falsas denuncias», destacó Gadano, quien pertenece al PRO y se alinea políticamente con el gobernador Claudio Vidal.
Durante su intervención, Gadano agradeció a Fátima Silva por su exposición y citó cifras preocupantes: “Dos de cada tres denuncias por abuso sexual infantil, contra padres separados, son falsas. Estas denuncias surgen, generalmente, tras el divorcio, cuando los contactos se interrumpen y los psicólogos realizan diagnósticos con información insuficiente y sin pruebas físicas”. Además, la senadora subrayó que las falsas denuncias no solo se dan en el ámbito penal, sino también en el civil, especialmente en los juzgados de familia, donde afectan las relaciones entre padres e hijos, resultando en restricciones de contacto y órdenes de restricción renovadas.
El proyecto, que ha generado tanto apoyos como críticas, ha sido cuestionado por quienes argumentan que podría desalentar a las víctimas de violencia de género a denunciar, temerosas de no ser creídas o de enfrentar represalias. Los detractores también alertan sobre la posible influencia de grupos políticos de derecha en el impulso de esta propuesta, que consideran «antiderechos».
En el marco de los debates, también se escuchó el testimonio de Graciela Riquelme, madre de Facundo Díaz, un docente de Río Gallegos que se quitó la vida tras ser víctima de una denuncia falsa. El proyecto se espera tratar nuevamente en la agenda legislativa de 2025.
