La Municipalidad de Río Gallegos decidió condonar el pago de la inspección anual a más de 200 taxis y remises que adeudan ese trámite desde el año pasado. Lejos de representar una solución real, esta medida apenas funciona como un gesto paliativo que busca descomprimir el conflicto con el sector, sin atacar el verdadero problema que motivó la protesta: la proliferación sin control de autos de Uber, tanto los registrados a través de la aplicación como los que operan completamente fuera de la ley.
Tras largas negociaciones y ante la amenaza de un paro por tiempo indeterminado, el Municipio optó por una bonificación que deja de lado una obligación legal —establecida por ordenanza—, favoreciendo así a quienes no cumplieron, pero sin ofrecer respuestas estructurales ni un plan concreto frente a la competencia desleal que enfrentan los taxis y remises.
Funcionarios municipales como el Jefe de Gabinete, Diego Robles, y la Secretaria de Gobierno, Sara Delgado, destacaron “la voluntad de diálogo”, pero omitieron referirse a la falta de herramientas reales para frenar el avance de Uber en la ciudad. Incluso durante el plenario de comisiones en el Concejo Deliberante, con la presencia de representantes provinciales, quedó claro que ni la policía ni el área de Tránsito tienen facultades legales para detener o controlar vehículos sospechados de trabajar bajo estas plataformas.
Los choferes pidieron medidas concretas y urgentes contra los autos de Uber, pero recibieron como única respuesta una explicación legal sobre por qué no se puede hacer nada sin una orden judicial. Así, mientras se perdona una deuda a los prestadores tradicionales, la competencia ilegal sigue operando con total impunidad.
La medida tomada por el Municipio no soluciona el conflicto: lo posterga. El malestar del sector continúa, y la informalidad crece amparada en la inacción del Estado.
